El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se ha declarado competente para investigar los crimenes cometidos en la guerra civil española y en el franquismo. El magistrado adopta la decisión al entender que se trata de delitos de detención ilegal en un contexto de crímenes contra la humanidad.
Además, Garzón ha autorizado las exhumaciones de 19 fosas supuestamente de víctimas de la Guerra Civil, entre las que se supone que están enterrados los restos del poeta granadino Federico García Lorca. En opinión de Garzón, el alzamiento nacional fue un delito contra altos organismos de la nación —que competen a la Audiencia Nacional—, y no han prescrito al estar en conexión con las desapariciones forzadas que se produjeron en aquellos años.
En su auto, Garzón pide a los registros civiles los certificados de defunción de Francisco Franco y otros 34 generales franquistas, a fin de poder declarar extinguida la responsabilidad penal que pudieran tener en el delito investigado. Así mismo, el juez solicita al Ministerio del Interior que identifique al mayor número de dirigentes de la Falange Española entre junio de 1936 y diciembre de 1951 para imputarles o declarar extinguida su responsabilidad si hubieran fallecido. La Fiscalía ha anunciado que recurrirá la decisión de Garzón porque considera que la Audiencia Nacional no es el órgano competente para ello, ademas de considerar que los delitos han prescrito con motivo de la Ley de Amnistía (1977), que los hechos son, en todo caso, competencia de los juzgados territoriales y que el concepto de crímenes contra la Humanidad, en que Garzón enmarca la competencia de la Audiencia Nacional, comenzó a aplicarse desde los juicios de Nuremberg en 1945, ya en pleno régimen franquista.
Antes de que Garzón admitiera hoy a trámite las denuncias de veintidós asociaciones de desaparecidos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya pidió en enero que no las admitiera por entender que no hay razón jurídica para iniciar un procedimiento y porque la Audiencia
Nacional carece de competencia para investigar estos hechos, ya que la doctrina establecida por el Tribunal Supremo permite aplicar al caso la Ley de Amnistía. La Fiscalía ya solicitó en febrero pasado la inadmisión a trámite de la querella por estos mismos motivos.
Garzón pidió el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.Posteriormente, amplió la información a los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid, y solicitó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que instara a los obispos a que le enviaran la información solicitada.
El listado entregado a Garzón recoge datos de las 17 comunidades autónomas, entre las que destaca Andalucía, con 29.091 víctimas; Valencia, con 28.892; y Castilla y León, con 15.269. Además, el juez ha recibido el nombre de 10.266 víctimas de Extremadura, 10.178 de Aragón, 9.759 del País Vasco, 7.885 de Castilla-La Mancha, 4.396 de Galicia, 3.431 de Navarr
a, 2.995 de Madrid, 2.535 de Cantabria, 2.400 de Catalunya, 2.007 de La Rioja, 1.777 de Baleares; 1.246 de Asturias, 855 de Murcia, 457 de Ceuta, Melilla y el norte de Africa, 262 de Canarias y 7 de otros territorios.
Según el abogado de las asociaciones, Fernando Magán, entre estos nombres se encuentran los de unos 4.000 desaparecidos que han sido exhumados en los últimos años, así como varios centenares que han sido identificados en las tareas de búsqueda que se están llevando a cabo en fosas situadas en Navarra, Burgos, Madrid o Valencia.
Sin ser habitualmente partidario de la venganza, debo reconocer que deseo que siga vivo alguno de los dirigentes de la Falange que busca el superjuez Garzon, moderno justiciero (al estilo del fiscal Harvey Dent de Batman). enfrentado a las fuerzas del mal de hoy y de ayer (ya sea la ETA o Pinochet, ya sean los GAL o Franco)
Deseo que sigan vivos algunos de esos que se sumaron al golpe de Estado franquista con tal ahínco y asumieron tan hondamente su cruel esencia que se convirtieron en los tentáculos ideales para el régimen. Alcaldes y gobernadores civiles eran los jefes locales y provinciales del Movimiento. Convertidos en acusación, juez y verdugo, ¡con qué dedicación y soltura elegían a los culpables para que fueran paseados y olvidados después en una cuneta!
Deseo que alguno de ellos, bien criado al calor del franquismo, haya logrado sobrevivir hasta hoy. Me conformo con que tiemble al leer el auto del juez, con que tema verse sentado en un banquillo, con que pierda el sueño repasando sus años mozos y rememorando cuántas muertes le puede imputar el juez. Con que desee no vivir para verlo.
No será ni la décima parte del dolor que han sentido estos 30 años las familias de esos 114.226 desaparecidos que ahora podrán dejar de serlo. De la amargura que han acumulado ante estas décadas de olvido, de la rabia que han tenido que destilar por sentirse estafados por la democracia.
Deseo que alguno viva aunque entiendo que, por viejo, nunca ingresará en prisión; aunque presumo que esta primera causa penal contra el franquismo nunca llegará a juicio.
Sé que este sentimiento no me honra, pero no vean cómo me anima.
